Los avances tecnológicos siempre deben representar un progreso para la humanidad, y las normas deberían ser consecuentes con ello. Sin embargo, en Colombia, y en lo que respecta al sector de la televisión, este no ha sido el caso. Por eso la televisión abierta, gratuita y radiodifundida en nuestro país atraviesa un momento de gran complejidad.
Hoy, la televisión está atada a múltiples normas de vieja data, hechas para un mercado y un país que aún no sabían de la existencia del internet. La promesa de modernización del marco legal aplicable al sector de las telecomunicaciones, que se hizo con la promulgación de la Ley 1978 de 2019, no se ha cumplido a cabalidad, pues no se reconocieron los cambios en el sector audiovisual de cara a la existencia de las diferentes y novedosas formas de distribuir el contenido y la necesidad de que todos los agentes de un mismo mercado operen bajo reglas equivalentes.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, sesión de contenidos audiovisuales, no tiene facultad alguna para regular nuevas formas de distribución sobre la red y, de hecho, tampoco las tiene en cuenta en el momento de definir las reglas del sector audiovisual. Como resultado, se siguen manteniendo normas arcaicas y se proponen algunas en el mismo sentido. Esto sucede con una reciente propuesta normativa de la Comisión, que escudándose en la defensa del televidente y en la participación ciudadana plantea aumentar las cargas regulatorias, y por demás las cargas económicas, que deben cumplir quienes prestan el servicio de televisión en el país.
El aumento de cargas regulatorias de la televisión, mientras la difusión de contenidos a través de internet no se sujeta a ninguna norma, pone en desventaja competitiva a la primera, desincentiva la inversión y limita sus libertades; lo que termina afectando a la ciudadanía, a quienes se supone debería proteger la norma. La limitación en la libertad de programación, la imposición de contenidos de forma intrusiva en los horarios AAA y la poca flexibilidad de las normas que propone la Comisión no están llamadas a generar un mejor contenido o experiencia para los televidentes. Por el contrario, estas normas generarán asfixia en el sector, que necesita capital y flexibilidad para competir en el mercado de la televisión del siglo XXI.
Hay que entender que la televisión se debe a sus audiencias y su existencia solo encuentra sentido en la satisfacción de estas. Sin la atención de las audiencias no hay pauta publicitaria, y sin esta no hay televisión. Por lo tanto, los canales son los más interesados en prestar un servicio de calidad, con contenidos e información de interés para los colombianos. Además, ya existen garantías suficientes para la participación y la defensa ciudadana frente al servicio de televisión, de lejos mucho más garantista de lo que ofrecen quienes distribuyen contenido sobre la red. La participación ciudadana y la defensa de sus derechos e intereses se pueden ejercer a través de ligas de televidentes y por medio de mecanismos como la tutela, el derecho de petición y la rectificación, también haciendo uso del actual sistema de PQRS y, obviamente, a través del defensor del televidente, que es una figura legal que funciona de manera independiente a los canales.
Por lo tanto, no son necesarias más cargas regulatorias en cabeza de la televisión tradicional, es un sector ya altamente regulado. Por el contrario, se requiere comprender el dinamismo con el que funciona actualmente la difusión de contenidos para establecer marcos legales simples e innovadores que promuevan la inversión en el servicio público, y por lo tanto en la satisfacción de sus audiencias.
TULIO ÁNGEL ARBELÁEZ
Presidente ejecutivo de Asomedios
